El rey de España, Juan Carlos de Borbón, es el principal icono de la transición de la dictadura franquista al modelo de Estado establecido en la Constitución de 1978. Una Transición que se consolidó hasta convertirse en un régimen en sí mismo, en lugar de un proceso evolutivo. El régimen hoy agoniza y la popularidad de la monarquía está en caída libre.
En buena medida, la imagen del rey Juan Carlos como garante del sistema constitucional se debe al consenso de los responsables que componían el establishment político y económico. Pero muy especialmente a la posición de la mayoría de los medios de comunicación, especialmente los nacidos durante la Transición o que volvieron a manos privadas tras abandonar la prensa del movimiento.
Aún así, el rey estuvo rodeado desde su llegada a España para convertirse en el sucesor de Franco en 1948 hasta bien entrados los años 90 por un elenco de colaboradores que guiaron al jefe del Estado en el proceso constitucional y le hacían valer la importancia de mantenerse al margen de cualquier escándalo. De hecho, durante años, el delito de injurias al rey era una seria amenaza, siempre que no se tratara de fuerzas políticas declaradas como republicanas.
Los protectores
Juan Carlos de Borbón y Borbón se instaló en Madrid en 1950, tras una serie de enfrentamientos entre el general Franco, caudillo de España, y el padre del actual monarca Juan de Borbón y Battemberg, partidario de una monarquía constitucional, a quien los monárquicos consideraban el legítimo aspirante al tono español y que vivía exiliado en la localidad lisboeta de Estoril (Portugal).
Franco había elegido al actual monarca porque su corta edad (contaba 12 años cuando llegó a Madrid) le hacía maleable y dividía a la oposición monárquica a la dictadura.
De hecho, las grandes influencias políticas que recibió el actual jefe de Estado se materializaron durante la agonía y muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975. En el terreno político, los dos hombres más importantes fueron el falangista Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes en el momento de la muerte de Franco, y Adolfo Suárez, secretario general del Movimiento.
A la muerte de Franco, y a pesar de la renuencia de los sectores más radicales de la dictadura, sólo cabía la transición a la democracia. El encargado del proceso fue Fernández Miranda, a la sazón presidente de las Cortes, que convenció al rey para destituir a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno para nombrar a Adolfo Suárez. Él se encargaría de disolver las Cortes.
En el entorno más próximo del monarca, dos militares jugaron papeles fundamentales, Nicolás Cotoner, que ejerció como jefe de la Casa del rey hasta su muerte en 1990 y Sabino Fernández Campo, secretario general de la casa y auténtico brazo derecho del rey. Se le atribuye la gestión de la crisis que frustró el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Fernández Campo abandonó el cargo en 1993, cuando Felipe González llevaba casi 11 años como presidente del Gobierno. Y ahí empezó a relajarse la protección del rey. El sustituto de Fernández Campo fue Fernando Almansa, vizconde de Almansa y considerado un hombre próximo al entonces presidente de Banesto, el banquero Mario Conde.
Y aún así, Almansa, cumplió su cometido casi con el mismo celo que Fernández Campo. Hasta que en 2002 fue sustituido por Alberto Aza, que se limitó a que el monarca explotara su propia popularidad y el consenso que le hacía intocable. Sólo cuatro años después, el escándalo Urdangarín obligó a enviar a los duques de Palma a Estados Unidos.
Los tiburones
A pesar de la impunidad de la que ha gozado en virtud de la Constitución, el rey contaba con un especialista para cubrir sus indiscreciones, fueran del tipo que fueran: el fallecido diplomáticoManuel Prado y Colón de Carvajal. Era a quien había que acercarse para acceder al rey. Los que recuerdan su paso por la presidencia de Iberia destacan que su única aportación a la compañía fue incorporar la corona al logotipo.
Empresarios obsesionados con la información dispuestos a chantajear al Estado intentaron aproximaciones a la institución.
Don Juan fue el primero en ser cortejado nada menos que por Mario Conde, a la sazón presidente de Banesto, uno de los iconos de la cultura del pelotazo y en aquel momento, en 1988, uno de los hombres más poderosos de España. El antiguo banquero cultivó las relaciones con el entonces conde de Barcelona tanto como pudo, aprovechando la afición náutica de Don Juan, hasta que éste se convirtió en un asiduo del yate de Conde en Mallorca.
Según asegura el periodista Ernesto Ekaizer en su libro Banqueros de Rapiña, cuando Conde ya se había ganado la confianza de don Juan, le convenció para que mediara ante Torcuato Luca de Tena para que aceptara la entrada de Banesto en el capital de ABC, propiedad entonces de la familia Luca de Tena.
Don Juan se sorprendió cuando Luca de Tena rechazó la oferta de forma diplomática pero rotunda. Conde, sin embargo, siguió cultivando la amistad del padre del monarca. Hasta el punto de que, cuando el cáncer acabó con su vida el 1 de abril de 1993, el entonces presidente de Banesto se atribuyó haber sufragado parte de los gastos médicos de don Juan en el Hospital Universitario de Navarra. Sí logró administrar el patrimonio de don Juan de Borbón y parece que logró arrebatar al Banco Central las cuentas del rey cuando Alfonso Escámez se jubiló como presidente del Banco Central en pleno proceso de fusión con el Banco Hispano Americano.
Diez años de cárcel
De nada le serviría cuando el día de los inocentes de 1993, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, anunció la intervención de Banesto. Las investigaciones a raíz de la intervención acabaron con un Mario Conde condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo a causa de su administración del banco. Cumplió casi 10 años de prisión.
El financiero corrupto Javier de la Rosa fue todavía más osado e intentó utilizar el flujo incesante de petrodólares de los kuwaitíes de KIO para acercarse directamente al monarca. Su interlocutor no era otro que el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo íntimo del rey en aquel momento. El primer intento exitoso de De la Rosa se produjo en 1990 cuando, en el último momento, consiguió colarse entre el grupo de empresarios liderado por Pedro de Mir que decidió regalar al monarca un exclusivo prototipo de la alemana Porsche.
Pero De la Rosa, convencido de que Prado era el testaferro del monarca, decidió comprar su voluntad casi a cualquier precio. Si De la Rosa ha pasado los últimos 18 años entrando y saliendo en prisión ha sido entre otras cosas por la desaparición de 55.000 millones de pesetas de 1992 del Grupo Torras, el portaaviones del grupo KIO (un instrumento de la Seguridad Social kuwaití) en España que fueron a las cuentas de Prado. Por aquella operación, Prado también fue condenado a prisión, concretamente a dos años de cárcel en 2004. Cuatro años después, falleció víctima de un cáncer.
De la Rosa ha repetido en diversas circunstancias que el dinero era para reponer pérdidas generadas por Prado en el patrimonio del monarca: 60.000 millones de dólares adelantados por la familia Saud, la dinastía que reina en Riad.
Por razones humanitarias, se le concedió inmediatamente el tercer grado penitenciario. Lo cierto es que el dinero acabó en las cuentas de sociedades cuyo titular era Prado. Sin embargo, el juez británico de la Superior Commercial Court británica, Jonathan Mance, en la sentencia civil del caso no dudó en definir a Prado como "un hombre de negocios muy próximo al Palacio Real español".
Durante el juicio, además, quedó claro que Prado había actuado como representante del Estado español, cuando gobernaba Felipe González, en una cumbre con la dirección de KIO en el Cairo para intentar encontrar una solución extrajudicial al conflicto. Y también se acreditó que, tras la caída del Muro de Berlín, a donde no llegaba Prado lo hacía el príncipe georgiano Zouab Tchokotua, que también recibió dinero de KIO.
Un juez inglés
Mientras la Justicia británica señalaba a La Zarzuela, en España se codenaban los intentos de chantaje de De la Rosa, pero nunca se investigaron sus afirmaciones. Y las funciones de Prado han sido asumidas, en buena medida, por la misteriosa princesa Corinna.
El escándalo protagonizado por el yerno del monarca, el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, ha arrinconado a la corona.
El colofón ha llegado esta semana, cuando el juez José Castro decidió imputar en la causa a la infanta Cristina. Por primera vez, un juzgado imputa a un miembro de la familia real varios delitos castigados penalmente.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez Castro, pero no cabe duda de que para el Gobierno de Mariano Rajoy y para el PP, que sea la familia real el objetivo de los focos, aunque sea durante unos días, será un respiro tras la intensiva cobertura de los delitos imputados al ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.
Los rentables negocios de Urdangarín a costa del Erario público han sido el catalizador para que los españoles, que sufren los efectos de una crisis económica sin precedentes, se cuestionen algo inconcebible durante los 30 años anteriores. A saber: representar la transformación del franquismo en una democracia para que las élites de la dictadura hayan podido gobernar el país mano a mano con la nueva clase política salida de la clandestinidad ya no son una patente de corso para que el monarca esté por encima de la ley.
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