Cuando en las próximas semanas Zapatero tome posesión de su flamante puesto como consejero permanente del Consejo de Estado (sueldo vitalicio), podrá presumir entre sus colegas de escaño de dejar al país con casi tres millones de ocupados menos. Todo un récord difícil de igualar. Sobre todo, si se observa que en el mismo periodo de tiempo la población ha crecido en casi cuatro millones de personas que, como es lógico, consumen prestaciones sociales: sanidad, educación, etc. Es decir, un 10% más de población y un 15% menos de empleo.
Por aquellas fechas, corría el año 2004, España todavía soñaba con ser la California de Europa, y a la vista de la respuesta que ha merecido el hecho de que el paro afecte ya a 5,27 millones de trabajadores, es posible que muchos sigan creyéndolo. Nada se mueve no vaya a ser que pase algo.
El problema de fondo no es, siquiera, este Gobierno. Al fin y al cabo ha llegado hace cuatro días. El problema tiene que ver con una arquitectura institucional y un proceso de toma de decisiones creado para un país rico -por ejemplo Suiza- en el que nunca pasa nada, como en la célebre frase del Tercer Hombre: "500 años de paz celestial y lo máximo que han inventado es el reloj de cuco".
España, por el contrario, es un país muy creativo. Y por eso, quiso ser algún día la California de Europa, pero sigue teniendo aires de nuevo rico. Muchos no se creen lo que está pasando y echan la culpa a los recortes, desconociendo que un gasto público equivalente al 46% sólo es sostenible cuando todas las rentas están bajo control para evitar fugas de recaudación. Y para eso, sin duda, es necesario, un sistema de control del gasto público primoroso en el que funcionen de manera eficiente los órganos fiscalizadores.
No es, desde luego el caso de España, donde los tribunales de cuentas regionales, los órganos consultivos, los consejos económicos y sociales y hasta los tribunales de justicia son una simple prolongación del poder político y están preñados de ex altos cargos.
La aprobación de una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria es, en este sentido, necesaria, pero ya sabe que las leyes valen en la medida que puedan cumplirse, y a la vista de los antecedentes nada indica que esto vaya a ser así, salvo que se dé la vuelta al sistema de toma de decisiones. Y no hay razones para pensar que esto vaya a suceder. Uno de los espectáculos más deprimentes que pueden verse estos días sucede en el Congreso de los Diputados, donde miembros del anterior Gobierno que han dejado al país como un solar se sientan ufanos en sus escaños como si la crisis no fuera con ellos.
El fracaso de la sociedad civil
El otro día, en la Comisión de Hacienda, calentaron el asiento Valeriano Gómez,Francisco Caamaño y Antonio Camacho. Y hasta la portavoz socialista, la ex secretaria de Estado Rodríguez Piñeiro afeaba la conducta al Gobierno por no tener ya listos los Presupuestos de 2012, cuando el anterior Ejecutivo no tuvo ni siquiera la vergüenza torera de presentar una prórroga. Se los veía contentos y hasta dicharacheros, como si fueran ajenos a la España que han dejado, pero lo cierto es que en cualquier país con una sociedad civil fuerte nadie les hubiera comprado un coche de segunda mano. Están ahí simplemente porque no tienen otro sitio donde ir mejor remunerado y a salvo de inclemencias económicas.
No ocurre esto sólo en las filas socialistas (patético ver a Barredadando clases de democracia después de haber dejado a Castilla-La Mancha en la bancarrota), sino también en los escaños del Grupo Popular, trufado de ex altos cargos de la Generalitat que han dejado a la Comunidad Valenciana en la quiebra. Y qué decir de los anteriores gestores de la Generalitat catalana, que compraron una aerolínea sin futuro sólo para hacer país y hoy se sientan orgullosos en sus escaños del 'parlament' despotricando contra los recortes, Pero eso sí, sin poner un euro de su bolsillo.
Y este es, en realidad, el problema de fondo. La corrupción política -que nada tiene que ver con las de carácter penal- surge cuando el sistema de selección blinda a los gobernantes, que no tienen incentivos para gestionar la cosa pública con criterios de eficiencia y racionalidad. Al fin y al cabo, la carrera política está asegurada con sólo seguir al jefe.
El caso de Pedro Solbes, una verdadera calamidad por su actuación económica es, en este sentido, paradigmático. Ninguna empresa lo contrataría después de haber dejado a su país en la ruina por dos veces, pero sigue disfrutando de consejos de administración como si su error de diagnóstico inicial no hubiera dado alas a la crisis. Al menos, y por el momento, Elena Salgado tuvo la prudencia de retirarse de la circulación.
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