LUIS DEL PINO 2012-08-18
Lo malo no es el número de políticos que existe en España. Lo verdaderamente ruinoso es todo el entramado que se ha creado en torno a las distintas administraciones públicas: un entramado formado por organismos autónomos, fundaciones, consorcios, empresas públicas, instituciones sin ánimo de lucro... Además, por supuesto, de asesores de todo tipo.
Es en ese entramado donde los partidos "aparcan" a decenas de miles de personas no elegidas por nadie. Y es por los agujeros de ese entramado por donde se escapa el dinero público a raudales, en actividades la mayor parte de las veces inútiles . Para colmo, muchas de las entidades que forman ese entramado multiplican la burocracia a la que se somete a ciudadanos y empresas y hacen aumentar las trabas administrativas que afectan a la economía verdaderamente productiva.
Expongamos los números. España tiene, en estos momentos:
17 comunidades autónomas 2 ciudades autónomas 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares 8117 ayuntamientos 1012 mancomunidades 80 agrupaciones de municipios 81 comarcas 3 áreas metropolitanas 3726 entidades locales menores Pero a su vez, de todas estas administraciones (y del propio Estado) cuelga un entramado de todo tipo de entidades, muchas de ellas ajenas a cualquier tipo de fiscalización, como se muestra en el siguiente cuadro:
ESTADO AUTONOMIAS MUNICIPIOS Organismos autónomos administrativos 110 1149 Organismos autónomos comerciales 17 16 Organismos autónomos 65 42 265 Entidades públicas empresariales 14 29 56 Entes públicos 205 Entidades gestoras S.S. 5 Mutuas accidentes 24 Otras entidades 58 Grupos empresariales 28 Agencias 8 6 Consorcios 142 644 1045 Fundaciones 111 561 440 Instituciones sin ánimo de lucro 21 526 Sociedades mercantiles 173 609 1613 Sociedades participadas 468 47 350 Universidades 47 TOTAL 1096 2338 5460
Los organismos autónomos , que pueden ser de varios tipos, se rigen por el Derecho administrativo y pueden realizar actividades de fomento, de prestación o de gestión de servicios públicos. Dependen de un órgano de la administración, como por ejemplo un ministerio o consejería.
Las entidades públicas empresariales y entes públicos se diferencian de los organismos autónomos en que se rigen, en general, por el Derecho privado . Pueden depender de un ministerio o consejería o también de un organismo autónomo.
Las agencias se crearon, por su parte, para disponer de entidades de Derecho público sometidas amenos restricciones administrativas que los organismos autónomos.
En lo que respecta a empresas , el cuadro muestra como "Sociedades mercantiles " a aquellas en las que las administraciones cuentan con mayoría de capital o con mayoría del consejo, mientras que "Sociedades participadas " son aquellas en que las administraciones tienen una participación minoritaria.
Como puede verse, de las distintas administraciones dependen varios miles de entidades regidas por distintas normativas y con diferentes grados de autonomía. Eso hace que las trabas burocráticas para la contratación de personal y para el gasto sean muy variables entre unas entidades y otras, y muy diferentes de las que existen en la Administración Pública.
De mayor a menor grado de control, la clasificación de entidades sería la siguiente:
Organismos autónomos, regidos por el Derecho público Agencias, regidas por el Derecho público, pero con más autonomía Entes públicos, regidos principalmente por el Derecho privado Sociedades mercantiles, regidas por el Derecho privado, con obligación de presentar (y en algunos casos auditar) sus cuentas Fundaciones, con menos obligaciones a la hora de presentar o auditar sus cuentas Puesto que muchas de esas entidades no están sujetas a los mismos mecanismos de control y fiscalización que las administraciones públicas, no es de extrañar que las administraciones recurran a ellas para, precisamente, eludir esos controles y esa fiscalización.
El caso más sangrante es de las fundaciones , sobre quienes el Consejo General de Colegios de Economistas publicaba un informe, el pasado mes de marzo, en el que advertía de la falta de datos y de la opacidad de las fundaciones. Ese informe reclamaba también un cambio legislativo para que las fundaciones se sometan a los mismos controles que las sociedades mercantiles.
Quizá sea precisamente esa opacidad la que ha hecho que las fundaciones participadas por la administración se multipliquen en nuestro país como setas. En concreto, el número de fundaciones dependientes de las administraciones autonómicas, o participadas por ellas, ha pasado de 357 en abril de 2003, a 498 en enero de 2007 y a 561 en julio de 2011.
Las tablas 2, 3 y 4 muestran la lista de fundaciones donde tienen participación las administraciones locales, autonómicas y estatal.
LUIS DEL PINO 2012-08-25
En el artículo anterior dábamos los datos de la ingente cantidad de entes de todo tipo (organismos autónomos, agencias, fundaciones, empresas,...) que dependen de las distintas administraciones.
En concreto, comentábamos que el total de entes que cada administración controla o en los que participa son:
Estado: 1.096 entes Autonomías: 2.338 entes Municipios: 5.460 entes ¿Pero cuánto dinero y cuántas personas representa esto?
El tamaño del entramado público estatal Resulta difícil determinar con precisión el número de personas empleadas en los distintos entes dependientes de las administraciones autonómicas y locales, porque los datos existentes son enormemente fragmentarios, pero sí que disponemos de información para calcular con bastante fidelidad el número de empleados de los entes que dependen del Estado.
La tabla siguiente muestra el número de empleados de cada ente dependiente del Estado (datos a 31/12/2010)
NOMBRE DEL ENTE TIPO DEL ENTE NÚMERO DE EMPLEADOS ACTIVA MUTUA MUTUA 800 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AGENCIA 1116 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AGENCIA 461 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS OTRAS 156 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ORGANISMO 263 AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE AGENCIA 60
Como vemos, los entes de todo tipo directamente controlados por el Estado contaban, al finalizar el año 2010, con más de 330.000 empleados.
Hay que resaltar que de esta lista están excluidos todos los consorcios, fundaciones y empresas en los que el estado participa, pero en los que: 1) su participación es minoritaria y 2) el consorcio, fundación o empresa correspondiente no forma parte de ninguno de los grupos empresariales dependientes del estado , por lo que no se consolidan sus datos dentro de ninguno de esos grupos.
En consecuencia, el número de personas que trabajan para los entes participados por el Estado es, en realidad, superior a esa cifra de 330.000 . Hay que destacar también que no estamos hablando de jueces, ni de militares, ni de policías. Tampoco hablamos (con alguna salvedad menor, como por ejemplo los casi 3000 empleados de la UNED) de profesores o médicos. Es verdad que una parte de esos 330.000 empleados son funcionarios, sobre todo en organismos autónomos o agencias, pero la mayor parte (al menos dos tercios) no lo son.
El grueso de esos 330.000 trabajadores lo componen empleados de los distintos grupos empresariales dependientes del Estado, como Aena, Renfe, Adif, Correos o las distintas sociedades participadas por la SEPI. En conjunto, esos grupos empresariales contaban, a finales de 2010, con unos activos próximos a los 170.000 millones de euros .
El tamaño de los entramados públicos autonómicos y locales Como decíamos, los datos existentes para los entramados autonómicos y locales son mucho más fragmentarios, por lo que no podemos compilar de manera sencilla una tabla similar a la existente para el entramado estatal.
1.600 empresas controladas por losayuntamientos supera los 4.200 millones de euros , y que el de las más de 600 empresas controladas por las autonomías supera los 9.600 millones de euros. Pero lo que no conocemos es el número total de empleados de los entes autonómicos y locales.
Conocemos los datos concretos de una de esas comunidades, Valencia, gracias a la información publicada en la prensa regional hace unos meses. Los entes dependientes de la Comunidad Valenciana contaban a finales del pasado año con 12.000 empleados y representaban unos gastos de 2.500 millones de euros . Para comprobar si esos cálculos de la prensa regional valenciana eran razonables hemos procedido a computar el número de empleados de las sociedades mercantiles dependientes de la Comunidad Valenciana. Las cifras de los últimos ejercicios para los que disponemos de datos arrojan un total de 4.967 empleados, lo que permite colegir que 12.000 es un número de empleados razonable para el conjunto de los entes dependientes de esa comunidad.
Por cierto, las pérdidas totales para esas empresas dependientes de la Comunidad Valenciana superaban los 400 millones de euros anuales; pérdidas a las que habría que sumar las subvenciones y aportaciones de capital que la comunidad realizara a esas empresas. Estos datos son anteriores al fuerte recorte iniciado por el Gobierno de Alberto Fabra en 2012, en el que, entre otros, se incluye el tijeretazo a la televisión autonómica, con un ERE que afetactará a 1.200 trabajadores , más de la mitad de la plantilla.
Tomando como base los datos de Valencia, y si el gasto medio y el número medio de empleados por ente son razonablemente homogéneos entre autonomías, estaríamos hablando para el total del entramado autonómico de unos 180.000 empleados y aproximadamente 37.500 millones de euros de gastos . Y a eso habría que sumarle los empleados de los miles de entes dependientes de los ayuntamientos, para los cuales carecemos de datos medianamente aprovechables.
La superestructura política Los números que estamos proporcionando solo incluyen a los trabajadores de los entes dependientes de las administraciones públicas, es decir, a las personas que tienen una relación de carácter laboral con esos entes.
consejos de administración y patronatos de fundaciones e instituciones , que en muchos casos supone un considerable gasto en términos de sueldos, dietas y otros complementos.
Comunidad Valenciana , que con razón acaba de embarcarse recientemente en unproceso de reducción de su entramado fundacional . Ignoramos si la pertenencia a los patronatos de estas fundaciones lleva aparejada algún tipo de compensación económica, en forma de sueldos o dietas de asistencia; proporcionamos el dato simplemente como indicación del tamaño de esas fundaciones y como ilustración (bastante llamativa) del grandísimo número de puestos de libre designación existentes en los órganos de gobierno de muchos entes del sector público.
En la tabla siguiente se indica el nombre de cada una de las fundaciones en las que participa la Comunidad Valenciana, junto con el número de miembros que componen el patronato de cada fundación:
NOMBRE DE LA FUNDACIÓN Nº MIEMBROS PATRONATO Colegio Mayor Universitario de Alicante, Fundación de la C.V. 8 F. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 14 F. Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la C.V. 0 F. de Estudios Bursátiles y Financieros de la C.V. 11 F. de la C.V. - Región Europea 30 F. de la C.V. Agua y Progreso 3
La semana pasada veíamos que España tiene, en estos momentos, 1096 entes de todo tipo (organismos autónomos, empresas, fundaciones, ...) dependientes de la Administración central, 2338 entes dependientes de las CCAA y 5460 entes dependientes de los ayuntamientos. Esta semana hemos querido centrarnos en el número de empleados públicos que supone el entramado controlado por el Estado central, para lo cual hemos ido recopilando uno por uno el número de trabajadores con que cuenta cada ente.
En la página de Libertad Digital tienen ustedes la lista completa, grupo empresarial por grupo empresarial, fundación por fundación, agencia por agencia... En total, hay más de 330.000 personas que trabajan para uno u otro ente que depende del Estado y que se añaden a la ingente cantidad de profesores, de médicos, de jueces, de militares, de policías, de guardias civiles y de funcionarios de todo tipo que ya existen.
Muchas de esas 330.000 personas trabajan para alguno de los grandes grupos empresariales dependientes del Estado, como Renfe, Aena, la SEPI o Correos. Otra parte importante trabaja para organismos autónomos o agencias de la Administración cuyo carácter necesario nadie discute, como la Agencia Tributaria o el CSIC.
Pero otros muchos miles de esos trabajadores pertenecen a una larga lista de entes perfectamente inútiles que tan solo sirven para incrementar el gasto público y colocar a todo tipo de personas en puestos pagados por todos los españoles.
Si repasan ustedes la lista que proporcionamos, verán, por ejemplo, que más de 400 personas trabajan en ese engendro llamado "Fundación tripartita para la formación y el empleo", que no es otra cosa que el chiringuito montado entre la patronal, los sindicatos oficialistas y la administración para el tejemaneje de unos cursos de formación que a ningún parado le sirven de ayuda.
O verán también que más de 1000 personas están en nómina de una variopinta serie de comisiones encargadas de regular los mercados - como la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de la Competencia - cuya inutilidad salta a la vista sin más que ver las continuas intromisiones del poder político en las actividades empresariales de tantos sectores, intromisiones que en vez de garantizar la competencia, la impiden.
O verán también cómo, en un país donde le regateamos los subsidios a los parados de larga duración, nos dedicamos a mantener organismos como el Consejo de la Juventud, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer o la Fundación Pluralismo y Convivencia, que no pasan de ser órganos ideológicos en los que colocar correligionarios y a través de los cuales repartir subvenciones.
A esas 330.000 personas que trabajan para los entes dependientes de la administración hay que sumar en torno a 180.000 que lo hacen para los entes dependientes de las CCAA y un número indeterminado que están colocadas en los entes que dependen de los ayuntamientos. En total, nos vamos por encima del medio millón de personas.
Por supuesto, medio millón de trabajadores y varios millares de entes públicos dan para disponer de muchos miles de altos cargos de libre designación, de muchos miles de liberados sindicales y de muchos miles de puestos de trabajo que escapan a cualquier control - por ejemplo, dentro del entramado de fundaciones -, lo que permite colocar a parientes, amigos, amantes o correligionarios sin mayor problema. De hecho, siendo alto cargo de alguno de esos entes se gana bastante más dinero que como concejal o como diputado, lo que quiere decir que perder unas elecciones no tiene por qué ser nunca un drama, siempre que tu partido te encuentre un acomodo. Y oportunidades para encontrarlo, en esa maraña de entes, nunca faltan.
Solo en la parte autonómica, los gastos estimados de los entes de todo tipo dependientes de la administración ascienden a más de 35.000 millones de euros, un 75% más que el agujero de Bankia, lo que da idea de cuánta tijera podría meterse en los gastos del Estado antes de apretar más el cinturón a los ciudadanos.
Para colmo, en sucesivas entregas iremos mostrando cómo, por encima de esta marea de empleados públicos, hay una auténtica y elefantiásica superestructura política compuesta por consejos de administración y patronatos. Superestructura política que proporciona ingentes oportunidades adicionales de colocación y remuneración de los afines.
Les invito a entrar en la página de Libertad Digital y a echar un vistazo a la composición de ese sector público estatal. Después, háganse ustedes la pregunta del millón: ¿hay derecho a subir los impuestos a los españoles, a recortar prestaciones sociales, a reducir la paga extra a los funcionarios de carrera o a regatear los subsidios de desempleo, cuando toda esa inmensa catarata de mamandurrias continúa prácticamente incólume?
En Italia, el gobierno de Monti está embarcado en el proceso de reducir el número de regiones y ayuntamientos y ha puesto sobre la mesa propuestas imaginativas para atajar la mangancia, como por ejemplo limitar a solo tres el número de representantes del Estado en los consejos de administración de las empresas y organismos. De esos tres representantes del Estado, dos deben ser obligatoriamente funcionarios, que no cobrarían por participar en consejos de administración.
En Grecia, el gobierno de Samaras está estudiando implantar una ley para prohibir en la Administración la contratación de familiares en primer y segundo grado de los políticos.
¿Y en España? Pues en España, mientras tanto, el gobierno va dejando pasar los días sin meter mano en todo este inmenso patio de Monipodio, mientras nuestra deuda aumenta, nuestra credibilidad disminuye y el sufrimiento social se acrecienta.
Los mal pensados dirían que es que el Gobierno no tiene la más mínima intención de recortar, porque eso equivaldría a acabar con la agencia de colocación con la que los partidos políticos cuentan y que les sirve para mantener el control social.
Nosotros, que somos bien pensados, consideramos que lo que en realidad le pasa al Gobierno es que está preso de la misma indecisión que el asno de Buridán. Ya saben ustedes que el asno de Buridán tenía delante suyo un recipiente con comida y otro con agua, pero como tenía tanta hambre como sed, no supo decidirse acerca de por cuál de los recipientes empezar y acabó muriendo de sed y de hambre.
Quizá al gobierno de Rajoy le pasa lo mismo: tiene tantos recortes que hacer, que no es capaz de decidir por cuál empezar. Con lo cual, no empieza por ninguno.
Y así nos va.
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