El Gobierno ha optado por echar a Magdalena Álvarez del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en dos tacadas. En lugar de solicitar que el tema se trate en la reunión del próximo consejo, martes 4 de junio, para "decisión" ha pedido por carta que dicho cónclave debata el asunto a efectos informativos. El BEI había dado al Gobierno plazo hasta el jueves pasado para presentar una solicitud a efectos de decisión y hasta ayer si quería incluir el asunto en el orden del día del 4 de junio con fines informativos.
Anoche, pasado ya el plazo para tratar el asunto a efectos de decisión, Clara Crespo, miembro del Consejo de Administración del BEI, elevó la siguiente carta (en inglés) al presidente del banco, Werner Hoyer:
" A continuación de los comentarios ya expresados por otros miembros del Consejo de Administración sobre el asunto de la situación de la Vicepresidenta Magdalena Álvarez, y de acuerdo con el artículo 12 de las Normas de Procedimiento, Pedro Machado [consejero en nombre de Portugal] y yo misma, en nuestra capacidad de miembros del Consejo de Administración del BEI, solicitamos amablemente que se incluya del tema mencionado en la agenda de la reunión de la próxima reunión del Consejo, a celebrarse en Roma el próximo 4 de junio.
A este respecto, solicitamos amablemente, que a continuación de la información de los relevantes Servicios del Banco (en particular los Servicios Legal y OCCO [Comité de Integridad y Cumplimiento], se de a los miembros del Consejo suficiente tiempo para debatir el asunto. Tenga en cuenta que, dado los plazos, no estamos planteando [que se adopte] una decisión.
En relación con el formato y la composición del Consejo para este asunto, coincidimos con las preocupaciones de nuestro colega Konstantin Andreopoulos y por tanto solicitamos, dada la sensibilidad del asunto, que sean adoptadas las precauciones necesarias para permitir que tenga lugar un apropiado y abierto debate y una posterior deliberación de los miembros del Consejo, asegurando al tiempo la discreción y protección de los legitimos intereses de las personas implicadas. A este respecto, la más adecuada y sana propuesta es el enfoque a puerta cerrada, permitiendo así un debate entre los miembros del Consejo excluyendo a los miembros del Consejo de Dirección, salvo el Secretario General, el Abogado General y el responsable del OCCO, y el staff [funcionarios] del BEI que suele participar en las reuniones del Consejo".
Por tanto, en este consejo del 4 de junio de 2014 no se adoptará decisión. Para echar a un miembro del Consejo de Dirección se requiere mayoría cualificada de 2/3 del número de países (18 sobre 28) y 2/3 del capital del BEI.
La propuesta del Gobierno excluye de la reunión a Magdalena Álvarez, que, por tanto, no podrá ejercitar su defensa frente a los argumentos gubernamentales. En las reuniones del Consejo de Administración del BEI participan todos los miembros del Consejo de Dirección, es decir, los ocho vicepresidentes y el presidente.
Será otra reunión posterior del Consejo de Administración - la siguiente tiene lugar en el mes de julio - la que estará abocada a la votación de la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy para echar a Magdalena Álvarez del Banco Europeo de Inversiones.
Magdalena Álvarez fue nombrada por el BEI a propuesta del Gobierno de Zapatero en julio de 2010 hasta julio de 2016. Pero el puesto es, según fuentes consultadas, muy apetecible porque España ha pactado con Portugal ejercer una vicepresidencia hasta 2022.
El Gobierno no explica en su carta las razones para echar a Magdalena Álvarez, pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha considerado su imputación por la juez Mercedes Alaya en el caso de corrupción de los ERE en Andalucía motivo suficiente para su salida. La presión para su dimisión llevó a una comida el pasado 23 de enero de 2014, en la que el secretario general del Tesoro, Iñigo Fernandez de Mesa, le ofreció un puesto de agregada de turismo en una embajada española si presentaba su dimisión.
Álvarez sostiene que una imputación no supone un acto judicial de acusación y que no se ha abierto juicio oral contra ella.
En España, la defensa de la vicepresidenta del BEI, ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y ex ministra, ha presentado esta semana un escrito por el cual protesta por el hecho de que su recurso contra la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros, que es apoyado por la Fiscalía Anticorrupción, no ha sido elevado por la juez Alaya a la Audiencia de Sevilla para que pueda resolver. Dicho recurso fue presentado el 18 de marzo de 2014.
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